Valentín Cortés Domínguez

Valentín Cortés Dominguez es Catedrático de Derecho Procesal. Ha sido abogado con 47 años de experiencia, conferenciante y autor de múltiples publicaciones jurídicas y de manuales de derecho procesal que son libros de texto en distintas universidades españolas y de América latina.

viernes, 9 de febrero de 2024

 

Viernes 9 de Febrero de 2024

La Comisión de Venecia: “la primera en la frente”

Según la prensa de esta mañana, todo indica que se ha confirmado el viejo dicho castellano de “la primera en la frente”, porque lo primero que la Comisión de Venecia ha preguntado a representantes del Gobierno es la razón por la que la amnistía se haya tramitado parlamentariamente como proposición de ley y no como proyecto de ley. Sabemos que, en el primer caso, entre otras cosas, no se requiere informe alguno de los Órganos consultivos del Estado (Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía, etc) y sí en el segundo.

No sé la respuesta del Gobierno, pero sí sé que a la Comisión no se le puede dar una respuesta que, en términos taurinos, sería algo así como una “larga cambiada”. Porque es difícil en un lenguaje serio, que es el que, me imagino, emplea la Comisión, que se pueda explicar y justificar no querer contar en esa tramitación con los informes asesores de órganos tan importantes como los que se han obviado, informes que sabemos serían desfavorables a la tramitación de tal tema legislativo. Y a esto hay que añadir que esa elección parlamentaria impone recortes en trámites que impiden un estudio sosegado y una discusión realmente parlamentaria, en su intensidad, de las ponencias que se puedan proponer y de las enmiendas que se hagan a las mismas. Así como será también difícil explicar que algo que está pensado para que grupos parlamentarios de la oposición presenten proyectos legislativos, sea usado en esta ocasión por un partido político que conforma el Gobierno.

 Ya hemos opinado en este blog que se trata de un mecanismo de fraude parlamentario, que este Gobierno y el anterior han aplicado con cierta frecuencia. Y, muy posiblemente, sea este el primer escalón que la Comisión suba para comprender el gran fraude y arbitrariedad que supone esta proposición de ley de amnistía.

Valentín Cortés

 

jueves, 8 de febrero de 2024

 

Jueves 8 de Febrero de 2024

La visita de la Comisión de Venecia es, además, un mal síntoma

No voy a ponderar en este momento la importancia que los informes de la Comisión de Venecia, que, como órgano dependiente del Consejo de Europa, tienen en las decisiones que puedan tomar las instancias judiciales, y no necesariamente judiciales, europeas. La prensa da cuenta de la visita que la Comisión hará de inmediato a España, para tratar el tema de la ley de amnistía, y de sus entrevistas con un amplio abanico de personalidades de la política y de la judicatura española.

Pues bien, el grave problema que tiene actualmente la sociedad española es que, desde el Gobierno se impide el funcionamiento normal de los  resortes y mecanismos internos, en  aplicación de  nuestra legislación y Constitución, para solucionar el grave problema constitucional y jurídico que consiste en el planteamiento sucesivo y metódico de modificaciones del Ordenamiento Jurídico, que se llevan a cabo  por el interés del Presidente de Gobierno, que  apoya el ejercicio de Poder en una persona y grupo político que han protagonizado y dirigido un golpe de Estado, con la comisión de distintos y graves delitos. Lo que normalmente solucionaría el Poder Judicial, mediante los procesos adecuados, se intenta, por todos los medios, evitar o condicionar, para de esa manera satisfacer la impunidad solicitada y pactada con el Sr. Puigdemont.

 De ahí la creciente influencia de las instancias europeas en la solución de problemas eminentemente nacionales. Ello demuestra y es síntoma, además, de  nuestra creciente y preocupante debilidad democrática.

Valentín Cortés

miércoles, 7 de febrero de 2024

 

Miércoles 7 de Febrero de 2024

Los fiscales y el Gobierno

La decisión tomada por la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo de asumir la investigación contra el Sr. Puigdemont, como acto de terrorismo y la reacción inmediata del Gobierno (vid. todo en la prensa de hoy) señalando que el Ministerio Fiscal es de naturaleza jerárquica, que no depende, pues, de lo que pueda decidir un órgano consultivo como es la Junta de Fiscales, todo ello añade un plus no sólo de confusión, sino de gravedad jurídicas.

En concreto, a mí me parece que el Gobierno se equivoca con estas manifestaciones, pues añade inseguridad jurídica y dudas a cualquier decisión que al respecto y a la postre pueda tomar el Ministerio Fiscal, porque el problema no está en que el Ministerio Fiscal tenga o no carácter jerárquico (con lo que con ello se quiera insinuar), eso ya lo sabemos, sino en que nuestro Estado de Derecho requiere que, en su seno, funcione un Ministerio Fiscal que precisamente aporte esa seguridad, pues resulta que es estatutariamente( art. 1 de su Estatuto) defensor de la legalidad. Estas manifestaciones del Gobierno restan seguridad jurídica al Estado de Derecho. La seguridad jurídica no es una palabra mágica y aparatosa: es un principio que determina el modo de ser de nuestro Estado de Derecho, por eso en el art. 9.3 de la Constitución se dice que ésta garantiza la seguridad jurídica.

No veo que el Gobierno esté haciendo nada, en el tema de la amnistía, que asegure la seguridad jurídica como principio básico de nuestro orden constitucional. Este es un escalón más del deterioro constitucional que vengo denunciando en este blog.

Valentín Cortés

 

 

 

 

 

martes, 6 de febrero de 2024

 

Martes 6 de Febrero de 2023

Jugada ensayada de arbitrariedad segura

Los periodistas deportivos dicen que, en el futbol, hay jugadas ensayadas o de pizarra con resultado seguro de gol. En Derecho hay comentarios de miembros del Gobierno, escalonados, aislados y coordinados, con resultado seguro de arbitrariedad, prohibida por el art. 9.3 de la Constitución.

 Ayer de mañana (vid. nuestra opinión en este blog) el Sr. Bolaños afirmaba, en relación con la amnistía, que el Gobierno no traspasaría líneas rojas europeas con el tema del terrorismo; por la noche, el Presidente ya confirmó que todo (es decir, el efecto deseado con la amnistía del Sr. Puigdemont, pero sin amnistía de sus presuntos delitos de terrorismo) se conseguirá con la modificación del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Como casi todas las acciones jurídicas-legislativas de este Gobierno relacionadas con los independentistas catalanes, el resultado seguro (como el gol en el futbol) es la arbitrariedad y fraude y la única duda es si se materializará mediante Ley o Decreto-Ley; y, si es con este segundo método, la duda se amplía a saber cuántas páginas tendrá su Exposición de Motivos y cómo se argumentará y justificará la extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución en el art. 86 para poder legislar de esa manera.

Pero, tantas veces va el cántaro del Gobierno a la fuente del fraude y de la  arbitrariedad, que cada vez es más seguro que acabará por romperse en las instancias judiciales europeas o, incluso, en el Tribunal Constitucional.

Valentín Cortés

 

lunes, 5 de febrero de 2024

 

Lunes 5 de Febrero de 2024

Amnistía:dos noticias inquietantes

La prensa de esta mañana, como parece inevitable, se refiere al tema de la amnistía y nos da dos noticias que son inquietantes:la primera (confirmada de forma generalizada) se refiere al cambio de postura de la fiscalía del TS sobre la actuación del Sr. Puigdemont en los hechos englobados con el nombre de Tsunami; la segunda, se refiere a la posibilidad ( así lo manifiesta www.elindependiente.com) de que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal(art.324), que regula el tiempo máximo de duración de la investigación criminal judicial y la posibilidad de prórroga y sus condiciones.

La primera noticia me inquieta porque la fiscalía ha pasado de entender que los hechos investigados son constitutivos de delito de terrorismo a, sin nuevas evidencias o investigaciones, mantener que no lo son y que además en ellos no ha intervenido el Sr. Puigdemont.  La segunda noticia implicaría de confirmarse que los jueces que investigan al Sr. Puigdemont por terrorismo podrían ver sus competencias de investigación cercenadas de raíz por causa del tiempo, si una nueva ley impide de alguna manera que los sumarios se prorroguen. De esa manera no se modificaría el Código Penal en materia de terrorismo (al parecer, una línea roja para las instancias europeas y¡ para el Sr. Bolaños!,vid.www.elespanol.com) y se conseguiría indirectamente la amnistía del Sr. Puigdemont.

La primera noticia parece manifestación del deterioro jurídico del Ministerio Fiscal (Fiscal General), unido a su creciente politización. La segunda noticia entraría en eso que se llama fraude a la ley, y sería nada asumible si se hace como ley y estimo que imposible si se pretende hacer por Decreto-Ley. Pero, como no dijo don Quijote: “cosas veredes, amigo Sancho…”

Valentín Cortés

 

viernes, 2 de febrero de 2024

 

Viernes 2 de Febrero de 2024

El gran problema jurídico del Gobierno

Si observamos el panorama político desde nuestra atalaya, que, ya sabemos, es la jurídica, vemos que el gran problema que tiene el Gobierno y compañía es el Derecho. Incluyo en este término el Derecho europeo, la Constitución, el Derecho Penal, el Procesal; prácticamente, todo el Ordenamiento Jurídico. Su preocupación no está en la observancia del Derecho, lo que sería claramente loable. La preocupación del Gobierno, y de sus cabezas pensantes jurídicas, está centrada en cómo violar el Derecho sin que se note, quizá poniéndolo al límite, modificándolo hasta lo irreconocible o, en la más de las veces, practicando lo que se conoce como fraude de ley, es decir, modificándolo sin que se modifique formalmente.

Todas estas maniobras, que se ya se ensayaron con todo el entramado de normas que los catalanes aprobaron en el Parlamento con motivo del llamado “proceso”, tienen un recorrido muy corto, pues son fácilmente detectables y examinadas con la lupa de los principios ínsitos en el propio Ordenamiento Jurídico al que estamos vinculados, y ese es el momento en que decaen y se muestran fallidas. Si queremos tener un ejemplo actual, de ayer, podemos leer en la prensa de hoy las maniobras que se barajan en el Gobierno y compañía, para soslayar el inconveniente de amnistiar delitos de terrorismo: la opción primera de quitarle el nombre (opción terminológica), parece que no vale; la de cambiar la esencia del delito de terrorismo, modificando el Código Penal(que  aparece como propuesta) a poco que lo piensen, tampoco valdrá ( coste social, penitenciario, europeo): como dicen los italianos: e così via.

El problema, como decíamos al principio, es el Derecho, simplemente porque amnistiar un golpe de Estado, con todas sus numerosas adherencias penales, es un problema jurídico difícil de solucionar.

Valentín Cortés

 

jueves, 1 de febrero de 2024

 

Jueves 1 de Febrero de 2024

Las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Me imagino que el Comisario de Justicia de la Comisión Europea no se habrá prestado a ser moderador en las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (vid. prensa de hoy) de no ser que haya atisbado más que una probabilidad de acuerdo entre ambas partes negociadoras. Por lo que me imagino, igualmente, que toda la rutinaria rueda de declaraciones a los periodistas de una y otra parte es sólo posicionamiento de cara a la galería.

Para nosotros, como hemos defendido tantas veces en este blog, en la actualidad no tiene presentación alguna que las Cortes elijan a parte de los consejeros, porque se ha visto que, fundamentalmente, dadas las circunstancias actuales de perdida de lealtad constitucional, es inútil pensar que los partidos mayoritarios van a renunciar, sin más, al manejo y control del órgano de Gobierno de los jueces. Es, pues, obvio que la solución de este problema pasa por la modificación del sistema de elección de esos consejeros. Y la pregunta, que se hace hasta la persona más alejada de la política española, es si los compromisos políticos de futuro son aceptables hoy día en la política española, dado, sobre todo, el recelo que existe de que PSOE vaya a cumplir los compromisos adquiridos, máxime si son vagos e indeterminados. De modo que el Comisario europeo debe gastar sus energías en buscar un sistema de seguridad total en el que, una vez renovado el Consejo, se tramitará y aprobará una ley de modificación del método de elección. Aunque quizá sea más fácil optar por cambiar la ley y hacer los nombramientos conforme con la nueva ley; quizá sea esta la solución mas eficiente, eficaz e inteligente.

Valentín Cortés