Viernes 22 de Enero de 2021 

El RDL 1/2021

No se puede en este blog hacer un comentario de todas las cuestiones jurídicas que suscita este Decreto-Ley. Mi limitaré hoy a dos consideraciones jurídicas muy generales:

a)Es inevitable la crítica negativa sobre la acción en materia de Derecho que lleva a cabo este Gobierno, refiriéndome hoy a la publicación del citado RDL en el BOE, por el  que modifica y amplia la legislación de consumidores, y en el que es difícil, por no decir imposible, encontrar los requisitos habilitantes desde el punto de vista constitucional (“extraordinaria y urgente necesidad”, preceptúa el art. 86 de la Constitución), para introducir  en nuestra legislación la figura del consumidor vulnerable. Basta leer la Exposición de Motivos, si es que se tiene paciencia para ello, para darse cuenta de que no se exponen esos motivos de extraordinaria y urgente necesidad, máxime cuando este Gobierno ha forzado en otras ocasiones la tramitación de proyectos y proposiciones de ley por la via urgente.

b)Pero, desde el punto de vista jurídico -además de otras modificaciones de Leyes y Decretos-Leyes en las Disposiciones Finales, igualmente criticable jurídicamente- queremos poner de manifiesto la enorme ambigüedad, si no petición de principio, que recoge la definición de consumidor vulnerable que nos da el art. 1 del citado RDL, pues consumidor vulnerable es quien, por cualquier razón, “se encuentra en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que le impide el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad”.

 De donde la técnica legislativa formal y sustancial en este RDL deja mucho que desear y producirá grandísimas dudas y problemas de aplicación en la práctica de los juzgados y tribunales.

Valentín  Cortés

 

 

 

Jueves 21 de Enero de 2021

Posición del Consejo General del Poder Judicial

Hoy se ha reunido el Consejo para criticar, con buenas formas, pero con una dureza jurídica extraordinaria, la decisión  de la Mesa del Congreso de no atender la petición del Consejo de reconsiderar la posición del Congreso de tramitar la proposición de ley de Podemos y del PSOE sobre las competencias del Consejo, por la via urgente y sin oír a los órganos estatales  y de la Unión, interesados y competentes en el caso de los proyectos de Ley que afectan al funcionamiento y organización  de los Jueces y Tribunales ( vid. un amplio resumen de la noticia en www.elespanol.com).

El Consejo, en definitiva, que no ha querido manejar el expresamente argumento del fraude constitucional que nosotros creemos que existe y que, en su momento, estamos seguros de que manejarán los partidos políticos, ha acusado a la mesa del Congreso - lo que es tanto como decir al Gobierno, dada la dependencia del Parlamento del Ejecutivo- de arbitrario (no razona su decisión) y de entorpecer el funcionamiento constitucional del Consejo (según el art. 122 dela Constitución). Son dos acusaciones gravísimas y de alto contenido constitucional, con una amplia doctrina en el Tribunal Constitucional, que, si no me equivoco, hay que estar muy ciego para no verlo así, serán argumentos jurídicos constitucionales que se ventilarán por la Unión (Comisión de Venecia) y por los Tribunales españoles, incluido el Tribunal Constitucional, de persistir el Gobierno en su empecinamiento de quebrantar la Constitución en claro fraude legal.

Valentín Cortés

 

Miércoles 20 de Enero de 2021

 

La gestión del estado de alarma

No me refiero, lógicamente, a la gestión sanitaria, pues está fuera de mis conocimientos más allá del sentido común que pueda tener.

Me refiero a la gestión jurídica de los poderes extraordinarios que se derivan de la declaración de tal estado de alarma. Lo lógico, y lo que se deduce de la lectura de la legislación vigente (art. 7 de la LO 4/1981), es que, dado la situación de general incidencia en todo el territorio nacional y con las mismas características en cada uno de los territorios autonómicos, fuera la autoridad del Estado (el Ministro de Sanidad) quien dirigiera y gestionara la excepcionalidad de los poderes otorgados y no se delegara la gestión a distintas personas o autoridades autonómicas distintas, pues se da lugar a gestiones diversas en su forma y contenido y se contraviene  la ley, pues según ella la delegación está pensada para cuando el problema afecta a una determinada Comunidad autónoma, pero no a la totalidad del país. Si a ello unimos que se delega no la gestión, sino la decisión misma, pero reservándose el Estado una especie de examen de legalidad, bondad o de oportunidad a posteriori,  nos encontramos con el impensable espectáculo del Gobierno recurriendo a la Justicia las decisiones de gestión que hacen los “delegados” (el caso de los horarios de queda).

Como este es un caso que ya se había producido con anterioridad ( en el caso de la Comunidad Madrid) sería bueno -imprescindible, diría yo- que el Tribunal que ha de decidir lo haga con premura  y que dicte doctrina sobre esto que pomposa y erróneamente llaman cogobernanza ( quizá porque quieren decir gobernación conjunta) que no es otra cosa que la invención de un apoderamiento, no para la gestión, que es lo que permite la Ley, sino para la determinación del acto concreto de utilización de los poderes excepcionales, con lo que se burla lo querido por la Ley que regula la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 19 de Enero de 2021

La Justicia en su sitio

Me refiero,claro,a la Jurisdicción ordinaria.

Esta mañana hemos sabido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido una medida cautelarísima, pedida por un impugnante en recurso de anulación de la convocatoria de elecciones en Cataluña, de tal manera que hasta que se resuelva el problema de fondo (legalidad del aplazamiento), la fecha de las elecciones catalanas sigue siendo el 14 de Febrero del presente año.

Aceptar una medida cautelar es ciertamente un hito procesal para el que la pide, y más en los procesos contra la Administración Pública; no significa otra cosa que el órgano judicial ha apreciado, de una parte, una apariencia de buen derecho en quien pide, y un peligro de que el retardo necesario para decidir el fondo del asunto, sin tomar la medida, pueda frustrar la ejecución posterior favorable al demandante. Ni más ni menos.

Pero sobre todo pone a la Administración catalana, en concreto, al Presidente de la Generalidad catalana,en el brete jurídico de explicar las razones que impiden celebrar las elecciones en el día primeramente señalado. Y difícil lo tiene ese señor, pues basta leer la prensa y declaraciones de unos y otros políticos para darse cuenta de que todo es una combinación de intereses políticos que nada tiene que ver con el coronavirus. De modo que estamos de enhorabuena, pues el Estado de Derecho ha funcionado, ¡al menos, esta mañana y con esos efectos limitados!

Valentín  Cortés

 

 

 

Lunes 18 de Enero de 2021

El Derecho al servicio de la Política

Dice el Sr. Junqueras -que está condenado por sedición y que permanece en la cárcel- que no se arrepiente de nada y que intentará de nuevo la declaración de independencia unilateral. Eso he leído en www.el confidencial.com. La lógica jurídica dice que si el Sr. Junqueras quisiera el indulto, que le están tramitando, sin duda diría lo contrario para así cubrir una de las exigencias de la no arbitrariedad del indulto que al parecer el Gobierno de la Nación le quiere otorgar, por lo que todo el mundo piensa que estamos ante un envite político con tintes mafiosos de extorsión política, porque el tal Sr. sabe que al final le otorgaran el indulto

Por su parte, todos los partidos políticos catalanes, también lo recoge la prensa de hoy y de este fin de semana, están de acuerdo en suspender hasta nueva convocatoria las elecciones al Parlamento catalán, siendo cada vez mas evidente que el coronavirus no es sino una excusa formal, siendo la causa de tal suspensión no otra que las conveniencias políticas de cada uno de los partidos.

Deduzco que el grado de descomposición constitucional de la política catalana está llegando a niveles difícilmente superables y soportables, en los que el Derecho de toda la Nación es machacado por la Política: nunca este país ha conocido una instrumentalización más terrible del Derecho, con una aplicación amplísima de la teoría y práctica marxista de la aplicación alternativa del Derecho y del fraude de Ley.

Cándidamente me pregunto: ¿Y la Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Gobierno de la Nación -nada digo del Tribunal Constitucional- no tienen nada que hacer o de decir para acabar con toda esta aberración jurídica constitucional?

Valentín Cortés

 

 

 

 

Viernes 15 de Enero de 2021

La prevaricación advertida

La prevaricación es un delito (art. 404 del Código Penal) que sólo lo cometen las autoridades y funcionarios públicos y que, además, requiere que se tenga conciencia (a sabiendas, dice el Código) de que la decisión o resolución que se toma, por el funcionario o por la autoridad, es injusta. La pena que impone el Código es la inhabilitación, con lo que la autoridad (el político), o el funcionario, no puede proseguir su carrera y modo de ganarse la vida en el futuro, que queda por muchos años prohibidos en su ejercicio.

Las autoridades independentistas catalanas tienen, como sabemos, una tendencia irrefrenable al fraude de ley, pero salvo raras excepciones (por ejemplo, el Sr. Torra) son muy resistentes a la prevaricación, porque supone, su comisión, como hemos visto, la inhabilitación y, por consiguiente, la imposibilidad de trabajar en el futuro en lo que se viene haciendo.

Todo esto viene a cuento porque el Ministerio Fiscal ha advertido a las autoridades competentes catalanas que acceder al tercer grado penitenciario para los presos condenados por sedición, tal como han pedido los responsables de las cárceles donde permanecen, supondría, dada la resolución del Tribunal Supremo de hace pocas semanas invalidando la anterior, una clara prevaricación. Es la manera con la que el Ministerio Fiscal ha puesto en el brete a la autoridad concreta, que ha de decidir el tema ,que es consciente, desde ahora, de que si lo hace obraría a sabiendas  injustamente (vid. por todos la noticia en www.elmundo.es).

Valentín Cortés

 

 

 

Jueves 14 de Enero de 2021

 

El aplazamiento de las elecciones catalanas

El Ministro de Justicia ha manifestado (así lo recoge la prensa digital de esta mañana) a una emisora de radio que el aplazamiento de las elecciones no está contemplado en la Ley electoral.  Quizá esa manifestación hubiera sido más apropiada en boca de la Fiscal General, puesto que tal aplazamiento podría dar lugar a la comisión de conductas típicamente penales.

Aunque, es obligado, debe decirse que la no previsión legal de aplazamiento no significa que no se pudieran aplazar por circunstancias o acontecimientos imprevistos gravísimos que realmente las impidieran de hecho. No creo que este sea el caso de unas elecciones que están previstas y convocadas, como en el caso de las catalanas, justo para dentro de un mes, en donde el elemento de lo imprevisto sería difícil  hallarlo. Porque, ¿Acaso no podemos salir a la calle, aunque sea con mascarilla y guardando la distancia personal de dos metros? ¿Acaso la campaña electoral no se hace a golpe de televisión, de radio y de redes sociales? ¿ y qué sucederá el día 14 de Febrero? ¿Está previsto, lo sabemos?

Pero, él problema, tal como lo trata la prensa y los partidos que acuden a esas elecciones, es que ese aplazamiento se entremezcla con conveniencias políticas de todo tipo, y ello, claro está, nos pone en un escenario típicamente penal y de una gravedad enorme, tanto como la que se produjo en el caso de sedición de las autoridades catalanas.

Valentín Cortés