Jueves 21 de Noviembre de 2019

El primer paso parece que se va a dar

Me refiero a los pasos que hay que dar para recuperar los fondos indebidamente entregados a los beneficiarios de los EREs falsos.

El diario ABC, edición Sevilla, recoge en amplia información la noticia de que la Junta de Andalucía iniciará por la via judicial civil la recuperación de los fondos indebidamente entregados a determinadas empresas señaladas como beneficiarias de los delitos ahora condenados en la llamada sentencia de los EREs. Ya adelantábamos ayer que esta via no sólo era posible, según nuestra opinión, sino que se muestra necesaria, aun cuando difícil.

La dificultad viene, según puedo leer en el diario citado, de que, en su momento, renunciando a la acusación, la Junta de Andalucía se reservó el ejercicio de las acciones civiles y no solicitó obviamente los embargos y fianzas correspondientes para garantizar en su momento la recuperación de los fondos entregados. Que ese paso procesal fuera fundado o respondiera a motivos espurios, deberá, sin duda, dilucidarse para exigir las responsabilidades correspondientes, pero no evita ciertamente que la posible insolvencia de unos o la inexistencia de otros, dificultará, aunque no hará del todo imposible, la recuperación de lo entregado.

Esperemos que exista el ánimo continuado de conseguirlo.

Valentín Cortés

Miércoles 20 de Noviembre de 2019

 

La primera consecuencia de la sentencia de los Ere

La sentencia señala a una serie de empresas, también a personas concretas y determinadas, como beneficiarias lucrativas del gran montaje corrupto de la Junta de Andalucía durante unos ciertos años bajo el mandato de los Sres. Chaves y Griñán. Personas físicas y jurídicas que no han sido juzgadas, ni siquiera fueron formalmente acusadas en su momento, pero que, ahora sabemos sin duda judicial alguna, que han sido ilegítimamente beneficiarias de unas ayudas a las que no tenían derecho alguno a percibir.

Yo opino que, ahora, cabe la posibilidad, salvo la consideración de los plazos de prescripción civiles, de iniciar por la Junta de Andalucía acciones civiles para recuperar las cantidades indebida y delictualmente entregadas a aquellos que se beneficiaron aceptando lo indebido.  Nada de esto que se opina quedaría obviado por la cosa juzgada penal que en absoluto les afectaría en este caso.

Valentín Cortés

 

 

Martes 19 de Diciembre de 2019

La importancia de la sentencia de los ERE

Escribo esta opinión antes de que se publique y se de a conocer la llamada sentencia de los ERE.

 Una sentencia que se sabe ocupa cientos de folios y que todos los medios de prensa opinan que será condenatoria. Es decir, que impondrá condenas por supuestos de corrupción.

Para mí lo importante de esa sentencia, - y eso lo veremos en los próximos días o semanas cuando dé tiempo a asimilar cuanto contenga-, no estará ni en la cuantía de las condenas, ni en las personas que puedan ser condenadas, sino en que establecerá los parámetros dentro de los cuales se ha producido un caso de corrupción, clarísimo en la sociedad, pero que no sabemos la trascendencia que tiene o tendrá en el ámbito jurídico-penal. Porque lo que sí sabemos, hasta ahora, es que no necesariamente esa corrupción que se juzga ha producido trasvase de bienes y derechos de los dineros públicos a los patrimonios de los políticos corruptos beneficiados, ni necesariamente al partido político donde militaban los corruptos, sino que ha beneficiado de muy variada manera a una opción política, precisamente la que imperaba en el Gobierno andaluz, ámbito político donde se produjo la corrupción que se juzga. Ahí, según mi opinión, estará el meollo de la sentencia y su importancia para el futuro.

Valentín Cortés

Lunes 18 de Noviembre de 2019

El Derecho que le gusta al Sr. Torra.

Ya he opinado en este blog, en diferentes ocasiones, (la última la semana pasada,13 de Noviembre) sobre un fenómeno que se produjo, en gran medida, en la Alemania nazi, también en los países comunistas. Donde el Derecho acaba por no ser el que es, sino el que  gustaría que fuera. Si el Derecho no nos gusta, porque entorpece nuestros designios políticos o personales, lo torcemos hasta su reinterpretación y nueva formulación. Por eso, en esos regímenes la labor judicial adicta es fundamental, como lo es la consolidación del Poder mediante la promulgación de leyes, ya sí, en concordancia con lo que gusta a los jefes o, si queremos, al “aparato”.

Todo esto viene a cuento, porque he leído en la prensa que el Sr. Torra ha declarado ante el Tribunal que lo juzga por desobediencia a la Junta Electoral: “sí, desobedecí, era una orden ilegal (…) mi obligación era velar por las libertades de los catalanes”.

Como en la Alemania nazi, el Derecho no es el que es, sino el que le gusta al jefe. Es éste quien determina lo que es la Ley en el caso concreto y, por ende, en el caso en que estamos, nada menos que lo que son las libertades de los catalanes. No creo que, en el Derecho que es, merezca ser el presidente de una comunidad autónoma española.

Valentín Cortés

Viernes 15 de Noviembre de 2019

¡Un poco de sensatez!

Parece ser (vid. www.abc.com de esta tarde) que el Sr. Sánchez aboga por una solución política a la cuestión catalana, pero no concreta qué sería una solución así calificada.

En el desbarajuste mental e intelectual, ciertamente grave, de nuestra clase política se habla de solución política como contrapuesta a la solución jurídica.  Digamos, de forma inmediata, que no conozco a nadie que sostenga que la cuestión catalana se soluciona jurídicamente, porque sencillamente el meollo de esa cuestión es que un sector de la población en Cataluña (no sabemos de qué importancia social real) quiere que Cataluña sea un Estado independiente. Pero una cosa es querer y otra, poder.

Hasta ahora ese sector ha creído que la solución es conseguirlo apoyándose en un incumplimiento y violación de la Ley y de la Constitución; es para la solución de este problema para lo único que no sirve la solución política y para lo que existe una única solución que es precisamente la jurídica, que pasa por la aplicación estricta de la Ley y de la Constitución. Y a esto un Estado de Derecho no puede renunciar.

Siendo así, ¿quiere decir el Presidente del Gobierno que se va a sentar con determinados sectores políticos de toda España (no sólo de Cataluña, porque la soberanía nacional reside en todos y cada uno de los ciudadanos españoles, art. 1.2 de la Constitución) para consensuar una posible modificación de la Constitución española que permita la secesión de Cataluña por los métodos y caminos previamente establecidos en la Constitución vigente?

Esa es la pregunta que debe contestar.

Valentín Cortés

Jueves   14 de Noviembre de 2019

¡Cosas veredes…!

He leído en www.lavanguardia.com un resumen de las declaraciones que el Sr. Pere Aragonès, Vicepresidente del Gobierno catalán, que es de ERC, ha hecho en Onda Cero, hablando de la posibilidad de que esta formación independentista apoye a Sánchez en la posible y futura investidura. Afirma sin sonrojo que “todo lo que conduzca a soluciones penales aleja el acuerdo”.

Realmente no me quiero convertir en un intérprete de las palabras de este Señor, pues no tengo afición para ello, pero resulta claro que ha querido advertir públicamente al Sr. Sánchez que toda actuación de la Fiscalía o del sistema judicial contra los independentistas hace imposible el acuerdo para la investidura. Y siendo así hay que agradecerle al Sr. Aragonès que exponga con esa claridad que lo que piden es la impunidad o, si acaso, la inmunidad de los ya delincuentes, hayan sido condenados o no, y de los futuros. En otras palabras, parece que nos dice que “sean cuales sean las actuaciones de nuestros simpatizantes es imprescindible e innegociable que el Ministerio Fiscal y los jueces se abstengan de toda actuación en defensa de la legalidad”

Si al Estado de Derecho le quitas esos resortes y esos poderes, poco queda de tal Estado.  En estas circunstancias, ¡ya veremos si el Sr. Sánchez obtiene los votos de ERC!

Valentín Cortés

Miércoles 13 de Noviembre de 2019

Un informe supralegal

Toda la prensa recoge la noticia del informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, previo a la decisión del propio Tribunal sobre la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo, sobre la inmunidad parlamentaria del Sr. Junqueras, que había sido elegido eurodiputado con el proceso concluso para sentencia por actos ocurridos con anterioridad a la convocatoria de las elecciones. Esa era la cuestión planteada, la que, a la vista del informe, para ser que no ha sido resuelta por el Abogado General, a no ser porque afirma de forma categórica que, en cualquier caso, la sentencia del Tribunal Supremo es intocable en este sentido.

En cualquier caso, los argumentos expuestos por el Abogado General del Tribunal son de una falacia jurídica impresionante, pues afirmar que la condición de eurodiputado está fuera de cualquier cumplimiento de las normas que establecen los requisitos para poder acceder a las funciones propias de eurodiputado es manifestación de un desprecio general hacia el Derecho, manteniendo que la elección es por sí sola suficiente para ser eurodiputado. Negar la forma en el Derecho es tanto como negar el propio Derecho. Pareciera que el informe nos traslada al dilema de Radbruch,haciéndonos creer que en España estamos ante una arbitrariedad legal que debe ser subsanada por un derecho supralegal (el que él mismo inventa).

Valentín Cortés