Lunes 1 de Octubre de 2018

El conflicto Chile-Bolivia

Posiblemente mal aconsejado, o mal informado, el Gobierno de Bolivia llevó hace años a Chile ante el Tribunal de la Haya ( Corte Internacional de Justicia) demandando que se declarara la obligación de Chile de negociar de buena fe una salida al mar de Bolivia; lo que significaba, lisa y llanamente, pretender que Chile debería ceder en todo o en parte los derechos adquiridos por el Tratado de 1904 que puso fin a la guerra entre ambas repúblicas, tras la cual Bolivia perdió y cedió una franja de terreno de unos 400 kilómetros de costa al Océano Pacífico. Hoy se ha dictado sentencia, negando la pretensión de Bolivia (vid. toda la prensa digital de esta tarde).

Porque, si no cabe la posibilidad jurídica de anular el Tratado vigente desde 1904 – y no la había -, ¿cómo se puede pretender que la contraparte esté obligada a negociar una salida al mar, lo que implicaría necesaria y conceptualmente pretender obligar a alguien a que sus derechos, adquiridos legítimamente y reconocidos como tal en un tratado bilateral, sean cedidos a un tercero sólo por la conveniencia económica de éste?

Es verdad que en el marco internacional (por tanto, también en la Corte Internacional de Justicia) el Derecho se desdibuja y a veces parece que se construye hasta con dificultades conceptuales, pero, en este caso, la demanda de Bolivia se nos antoja realmente sorprendente, siempre, desde el punto de vista jurídico, como incluso parece que ha sido para la Corte Internacional de Justicia que no tuvo empacho en manifestar al principio de proceso que, en ningún caso, aun en el caso de que admitiera la demanda de Bolivia, el Tribunal determinaría el resultado de las negociaciones.

Valentín Cortés

Viernes 28 de Septiembre de 2018 

La última derivada

Nos referíamos el lunes y martes a los problemas que engendrarían las declaraciones del Presidente de Gobierno sobre la necesidad de llegar a una solución, como en Quebec, para Cataluña.

La última derivada de esas declaraciones (el lunes y el martes exponíamos dos conjuntos de problemas que engendrarían) se manifiesta cuando el Presidente de la Generalidad le espeta al del Gobierno (vid. elmundo.es) que deje de hablar de “priorizar el conflicto”, como táctica de los independentistas, y que llegue a un pacto como el de Quebec con referéndum incluido, precisamente lo propuesto por el Presidente de Gobierno.

En la solución de los problemas (y ahora estamos implicados en la solución jurídica del problema catalán), la introducción en el debate de falsos, o legalmente inaceptables, supuestos o soluciones (es lo que hizo el Sr. Sánchez con aquellas declaraciones) da como resultado una pérdida alarmante de fuerza, que, en el caso concreto, padecen precisamente los tribunales españoles. Porque si la rebelión o la sedición que va a juzgar el Tribunal Supremo tiene su origen en la promulgación de leyes por la Generalidad que permitían consultas populares ilegales, que, además, se llevaron a cabo con violencia en las personas y cosas, ¿Cómo es que ahora una de las partes ( el Estado) le ofrece a la otra( los presuntos delincuentes) la realización precisamente de un referéndum que es ilegal dentro de nuestra Constitución? ¿No comprende el Sr. Sánchez que eso es dar una baza al Sr. Torra incompatible con la tarea que llevan a cabo el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y demás tribunales que juzgan precisamente aquellos hechos?

Y como dar una opinión jurídica, como es mi cometido en este blog, no ampara los prejuicios o juicios de intenciones, no voy mas allá de la constatación de los hechos que he efectuado.

Valentín Cortés

 

Jueves 27 de Septiembre de 2018 

La receta Iceta

He leído en www.lavanguardia.com una amplia referencia sobre unas declaraciones públicas de esta mañana del Sr. Iceta acerca del problema catalán.

No voy a entrar en comentar, obviamente, el contenido político de lo que, parece ser, él mismo llama “receta Iceta”; pero no quiero dejar de hacer constar que, entre el batiburrillo de afirmaciones que se hacen por el Sr. Iceta, hay algunas de contenido jurídico que no parece equivocado imaginar que no se deben al desconocimiento y sí a la clara intencionalidad de minar la actuación de los Tribunales y unirse a la estrategia que sigue el Gobierno y demás políticos cercanos. Así, el Sr. Iceta no sabe “cómo encaja el delito de rebelión en lo que sucedió en Cataluña”; y, al mismo tiempo que afirma que hay que dejar que los tribunales dicten sentencia, dice que “la prisión preventiva de los soberanistas está durando mucho”.

La primera afirmación sólo se la puede plantear alguien que tenga grandes conocimientos de Derecho Penal, que sea capaz de distinguir el supuesto de hecho de un tipo penal y de otro; y, sobre todo, que tenga un amplio conocimiento del sumario o sumarios que se sustancian en este momento. Si es así, sabrá que los hechos que se investigan( que no se reducen como dice el Sr. Iceta a la hora y nueve segundos que duró la independencia) son de tal gravedad que la prisión preventiva, dadas las demás circunstancias, no es algo que jurídicamente se pueda discutir, se califiquen como rebelión o como sedición. Y modestamente afirmo que no me constan ni las capacidades jurídicas del Sr. Iceta, ni que conozca a fondo los sumarios que se han sustanciado.

Yo creo que no cabe dar “recetas” si se ayuda (uno más en la lista) a desacreditar las decisiones que vienen del Tribunal Supremo y de los demás Tribunales que juzgan “lo que sucedió en Cataluña”, como dice el Sr. Iceta; pues difícilmente habrá solución política, incluida la que defiende él, si no se acepta previamente la solución jurídica, lo que veo difícil que haga si se desacredita desde ahora.

Valentín Cortés

Miércoles 26 de 2018

Una encuesta de distracción

Mi escepticismo sobre las encuestas políticas del CIS, tengo que confesarlo, es grande. Por eso la noticia de que un 69,6% de la población española, según la última encuesta del CIS, (vid. la noticia en www.elindependiente.com) entiende que es “necesario” modificar la Constitución de 1978 no ha hecho sino aumentarlo. Yo dudo mucho que la población española sepa cuál es el contenido de la Constitución o, siquiera, que sepa por aproximación cuáles de las cuestiones que le preocupan dependen del contenido de la Constitución, o que sepa cuál es el mecanismo establecido para modificar la Constitución y la trascendencia de iniciar ese camino de modificación. No es extraño lo que digo porque, por ejemplo, ya vimos que un pueblo tan teóricamente culto como el británico fue a un referéndum y votó sin saber lo que significaba hacerlo a favor o en contra del Brexit.

Por tanto, le doy credibilidad nula a esta conclusión de la encuesta, que es la única que comento, por tener, además de un claro contenido político, un trascendente contenido jurídico.

Ahondando en la noticia se sabe algo tan sorprendente como que la mayoría, de los que entiende que es “necesaria” la reforma, llega a esa conclusión porque entiende que hay que mejorar ”la coordinación de las competencias en sanidad y educación” o porque creen “que hay que profundizar la transparencia y control, de la actividad política”, que, sin duda, se pueden mejorar hasta el infinito sin necesidad de cambiar una coma a la Constitución. A no ser que lo que le preocupa a esa inmensa mayoría de españoles sea la estructura autonómica de nuestro Estado; pero eso curiosamente ni se pregunta ni se refleja en la encuesta.

 

Valentín Cortés

 

Martes 25 de Septiembre de 2018 

La otra derivada

Ayer nos referíamos a unas declaraciones del Presidente sobre el tema catalán que son, en si mismas, un enorme error de análisis, que se hace político cuando es jurídico lo obligado.

Las declaraciones del Presidente son el culmen de otras que provienen, como es sabido, de una especie de amplia panoplia de políticos del Gobierno que lo que hacen es proponer soluciones judiciales (libertad de los investigados con censura incluida a la prisión ordenada; indulto para después de la sentencia con censura, por tanto, a la misma condena, etc.) que, en definitiva, son contrarias a las decisiones tomadas por los jueces y que suponen claramente socavar la legitimidad y justicia de la actividad que llevan a cabo los órganos judiciales en relación con los presuntos delitos cometidos. Estos políticos dicen que las medidas judiciales (legales) no son justas y el Presidente, poniendo la guinda en el pastel, habla de soluciones políticas.

Yo creo que el Presidente del Consejo del Poder Judicial, como máxima autoridad del Tercer Poder del Estado, debería defender públicamente algo tan importante como la independencia de la Justicia, censurando lo que no es crítica legitima, sino presión inaceptable del Ejecutivo sobre el Judicial.

Valentín Cortés

Lunes 24 de Septiembre de 2018

El método y el caos

Tantas veces he hablado de la necesidad de analizar bien la naturaleza del problema para aplicar, en su solución, el método adecuado, que puedo parecer aburrido, pero dado que, tal como hemos comprobado la semana pasada, parece ser que  algunos políticos no han aprendido evidentemente en sus estudios lo suficiente sobre la necesidad del método, me parece oportuno insistir ahora en el tema.

Dice el Presidente de Gobierno (vid. la prensa de esta mañana) que en Cataluña hay que aplicar la solución política canadiense de Quebec, culminando el rosario de opiniones de ministros y demás autoridades que apuntan a la solución política del “tema catalán” (el indulto de los presos es una solución política, máxime cuando se habla de ella antes de la necesaria condena judicial).

El desenfoque metodológico del Presidente proviene de sostener que el problema de Quebec era de la misma naturaleza que el problema catalán, obviando el detalle de que allí no hubo rebelión o, si queremos, sedición, ni comisión de una retahíla de delitos que ahora están investigando los tribunales y que, en un tiempo, serán juzgados. Difícilmente eso es un conflicto político, pues es claramente un conflicto jurídico que, en aplicación del método científicamente adecuado, llevaría al Presidente y ad lateres a no poder invocar ahora soluciones políticas.

Buscar y aplicar una solución metodológicamente inadecuada no sólo no soluciona el problema concreto, sino que puede agravarlo considerablemente. Por eso, si se quieren aplicar soluciones políticas, hágase, pero, primero, hay que solucionar el problema jurídico, y cuando esté solucionado, segundo, hay que buscar, invocar y aplicar las soluciones políticas que admita el Derecho y aplicarlas tal como lo admita el Derecho. Todo lo demás es el caos.

Valentín Cortés

Viernes 21 de Septiembre de 2018

Ni siquiera ratón

Ya dije hace días que el tema de los aforamientos sería el parto de los montes. Pasados estos días, creo que puedo haberme equivocado.

Se trata de una materia, la de la eliminación de los aforamientos, que exige, según quieren algunos, la reforma de la Constitución con referéndum incluido. Según quieren otros, puede que sólo exija la reforma de la Constitución por la vía rápida. Según desearían otros, la reforma de los estatutos autonómicos; o, si acaso, en el mas sencillo de los supuestos, se exigiría la reforma de leyes orgánicas, como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

No es pensable que el Presidente de Gobierno no fuera consciente de estas circunstancias al anunciar la eliminación de los aforamientos en nuestro ordenamiento, ni de los apoyos desiguales y de todo tipo que necesitarían tales reformas y de los rechazos cruzados que implicarían algunas de ellas. No es pensable que no supiera que era una propuesta condenada al fracaso.

Por eso, quizá me equivoqué y más que el parto de los montes sea el aborto de los montes, pues puede ser que el ratón nazca antes de tiempo y en forma de fracaso político, pero sobre todo jurídico, pues ese problema hay que arreglarlo, sí, pero por el camino adecuado, como también advertí en su momento, y con las limitaciones adecuadas.

Valentín Cortés.