Miércoles 8 de Noviembre de 2017 

¡Un gran País!

Hoy se ha anunciado que el Tribunal Constitucional ha anulado la declaración de independencia y la llamada Ley de transitoriedad catalana. Salvo error de mi parte, con las nulidades declaradas hoy, se ha acabado con el entramado ilegal normativo que implicaba y permitía la declaración de independencia.

Hace unos días fue disuelto el Parlamento catalán y depuesto el Gobierno de la Generalidad, que han sido los órganos de la Generalidad que han propiciado esta cadena de actos ilegales. Y han quedado disueltos los órganos que permitían o coadyuvaban a todo ese proceso.

Los órganos judiciales, por su parte, están depurando las responsabilidades penales de los autores de estos hechos.

Visto con la perspectiva y distancia necesarias no podemos tener la menor duda de que el Estado de Derecho ha actuado perfectamente.

Repuesta la legalidad constitucional, sólo queda que el pueblo elija un nuevo Parlamento de donde surja el nuevo Gobierno.

 No creo que nadie pueda acusar a este “contraproceso” de inconstitucional, y será difícil que alguien pueda negar el carácter plenamente democrático de nuestro sistema que permite esta solución plenamente democrática y legal a un problema gravísimo. Me imagino que es para estar satisfechos.

Valentín Cortés

 

Martes 7 de Noviembre de 2017

La unificación de las causas por el desafío secesionista.

Observo, en cierto sector de la prensa digital, una tendencia creciente a plantear la necesidad de que las causas por el desafío secesionista se reunifiquen y que, en consecuencia, las asuma el Tribunal Supremo. Recuerdo que esta diversidad de causas viene impuesta por la disparidad de personas que han intervenido en los hechos criminosos y por los diversos aforamientos que confluyen en ellas. En cualquier caso, no sé si esta creciente tendencia esconde deseos políticos aun no confesados o, si queremos decirlo de otra manera, “vértigos” por lo que pueda deparar la actuación de la Justicia en determinados casos. De algo de eso ya hemos hablado.

Desde el punto de vista procesal, aunque sólo sea para evitar contradicciones lógicas entre sentencias (que nunca serían, y es lo grave, jurídicas), parece deseable que todas esas causas las conozca un mismo órgano judicial que, por fuerza y por Ley, tiene que ser el Tribunal Supremo.

Pero obsérvese, en primer lugar, como ya dije en su momento, que los hechos que le imputan al Gobierno catalán no son los mismos que han llevado a cago los integrantes de la Mesa del Parlamento, aunque puedan ser calificados penalmente de la misma manera. En segundo lugar, no veo ni siquiera la posibilidad de contradicciones lógicas en fase sumarial, pues aquellas sólo se dan en la sentencia que se pueda dictar en el juicio. Y, en tercer lugar, no se pierda de vista que la causa en el Tribunal Supremo es en una única instancia, mientras que la seguida en la Audiencia Nacional admitiría recurso. Desde el punto de vista del Tribunal Europeo, no me parece muy adecuado privar por razones de oportunidad jurídica, a alguno de los acusados del derecho al recurso. ¡Nada digamos, si lo que se observa a la postre es oportunidad política!

 

Valentín Cortés

Lunes 6 de Noviembre de 2017

 

El ministro Sr. Catalá y la duración de las medidas ex art. 155.

He leído en www.efe.com que el Ministro de Justicia ha declarado en el “Fórum Europa.Tribuna Euskadi” que las medidas de aplicación del art. 155 durarán hasta las elecciones convocadas el 21 de Diciembre próximo.

En la agencia EFE se da así la noticia, como se podrá observar, sin matices añadidos.

Dicho así, sin matices y sin saber el contexto en donde se deben encuadrar esas manifestaciones, convendría añadir que, como mínimo, la aplicación de las medidas aprobadas por el Senado se tienen que alargar necesariamente hasta tanto no se forme y tome posesión el nuevo Gobierno que surja de las urnas, porque, mientras tanto, el Gobierno lo detenta el Consejo de Ministros. Es claro que no podemos ni siquiera aventurar el resultado de las elecciones, pero si hacemos caso a las encuestas que se publican, mucho me temo que el art. 155 se aplicará mucho más tiempo del que parece que aventura el Sr. Catalá.

Además, dado que las medidas se tomaron para reinstaurar la legalidad constitucional en Cataluña, no creo que se puedan levantar todas las medidas hasta tanto no se consiga ese fin aunque se haya constituido el Gobierno nuevo.

Valentín Cortés

 

Viernes 3 de Noviembre de 2017

El vértigo ante la aplicación del Derecho

Una parte de la clase política y de la periodística se han encontrado, de pronto, con el vértigo que produce en ellas la aplicación estricta del Derecho en el caso de los investigadas, y ahora imputadas, personalidades de la política catalana. Y se oye con frecuencia creciente que el auto de prisión sin fianza de la Juez de la Audiencia Nacional es inoportuno políticamente y perjudicial para la imagen de España en el exterior, ergo es desproporcionado. Y el vértigo se agrava cuando se enfatiza y constata que el Tribunal Supremo ha dado una semana a las partes investigadas para que preparen su defensa, lo que no se ha hecho en la Audiencia Nacional.

La época del uso alternativo del Derecho se debió acabar, me imaginaba yo, con el marxismo en donde se generó, pues en un Estado de Derecho, como el nuestro, ya se sabe que la aplicación del mismo no es ni inoportuno, ni se puede reservar para cuando le interese a la clase política, porque eso sería tanto como someter el Derecho a la clase dirigente, que es la impone la idea conveniente de interés político. Debe haber, pues, un marxismo latente, también explícito, en nuestra sociedad.

De modo que la única crítica que admite el auto de la Juez de la Audiencia Nacional es la jurídico-procesal-penal. No he leído, sin embargo, ni una sola crítica seria en ese aspecto, sino sólo diatribas contra la prisión provisional, que, por el contrario, no se expusieron en otras ocasiones por esos mismos sectores.

Por último, en los hechos que se juzgan, unas son las actuaciones del Gobierno de la Generalidad (enjuiciadas por la Audiencia) y otras las de la Mesa del Parlamento (enjuiciadas por el Tribunal Supremo). Son actuaciones distintas que, posiblemente, tendrán calificación jurídica distinta. Y distintas son sus defensas letradas; la que interviene en el Tribunal Supremo alegó la indefensión por falta de tiempo. Las que actuaron en la Audiencia Nacional nada alegaron, de donde el trato, por fuerza, ha sido distinto y, sin duda, será en el futuro distinto.

De modo que como jurista no comprendo el vértigo que sienten y exponen esos políticos y esos periodistas.

Valentín Cortés

 

Jueves 2 de Noviembre de 2017

Un desenfoque  letal de la realidad

Esta mañana el Ayuntamiento de Barcelona reconoció que el gobierno destituido del Sr. Puigdemont es el legítimo de Cataluña. Y el abogado del Sr. Puigdemont, en Bélgica, ha declarado que si detienen a este Sr. lo “constituirán en un mártir”. He leído estas dos noticias en www.elconfidencial.com

Pero, esta tarde, el Tribunal Supremo, que ha accedido a retrasar la declaración de la Sra. Presidenta y Mesa del Parlamento catalán a la próxima semana, les ha impuesto mientras tanto vigilancia policial. Sin duda una medida de limitación de derechos premonitoria de lo que va a pasar la semana que viene a la rama rebelde y secesionista del “proceso” en el Parlamento.

Por su parte, la Audiencia Nacional ha dictado orden europea de detención al Sr. Puigdemont y de los consejeros huidos y, por si acaso, orden internacional de búsqueda y captura; y ha ordenado el ingreso en prisión del resto de los consejeros del Sr. Puigdemont, sin posibilidad de eludirla con fianza (con excepción de uno de ellos que no participó en el acuerdo de declarar la independencia).

El Gobierno “legitimo” de Cataluña, encabezado por un futuro y anunciado “mártir”, lejos de ser legítimo, ha sido destituido, en base a la Constitución española, por el Poder legítimo del Estado. Esa es la diferencia, que es letal no captarla.

 Destitución en lo político, prisión en lo jurídico y desdoro en lo moral y personal: este será el triste final de un triste “proceso”.

Valentín Cortés

Martes 31 de Octubre de 2017

 

Lo llamativo y lo importante

 

Quizá lo más llamativo de hoy, en estas últimas bocanadas del llamado “proceso” catalán, sea la noticia de que el Tribunal Constitucional suspende cautelarmente la vigencia de la declaración de independencia de la llamada Republica catalana, cuando la sociedad, en su conjunto, da por hecho que esa independencia es, valga la expresión, papel mojado, pues nadie le concede la menor virtualidad ni práctica ni jurídica, incluidos los consejeros de la Generalidad, la Presidenta del Parlamento y un largo etc. de personalidades, excluido el Sr. Puigdemont que cada vez está más cerca de cometer otro delito, cual es el de la usurpación de funciones. ¡Pero los procedimientos son como son!

Obviando el comentario sobre las declaraciones del Sr. Puigdemont -que están ancladas en la “astucia”, que tanto nos ha ocupado en  este blog, y que saben ustedes que es lo mismo que decir fraude legal y jurídico-, hoy lo realmente importante es que Freixenet no cambia su domicilio a otro fuera de Cataluña, lo que da idea que está calando el pensamiento que la certeza y seguridad jurídicas vuelven a Cataluña, por la desaparición, de hecho, y pronto de derecho, de esa legislación paralela que tanto daño nos ha causado.

 

Valentín Cortés  

 

Lunes 30 de Octubre de 2017

La Banca y el Estado de Derecho

Es imposible dejar de opinar sobre los temas que suscita el llamado “proceso”, que está en sus bocanadas finales. Pero lo haré, aunque sobre algo transcendente que puede pasar inadvertido dentro de esta vorágine de noticias del minuto a minuto y con independencia de lo que nos venga a lo largo del día, que no será poco.

Porque, muchas veces lo que es implícito, necesita ser explicitado. Obsérvese, en este sentido, que el rechazo a la declaración de independencia, y al nacimiento de la llamada Republica de Cataluña, era sabido que era unánime, sin necesidad de declaración alguna, tanto en la comunidad internacional, como en el conjunto de poderes, de hecho y de derecho, de todo tipo, que juegan y se entrecruzan en la sociedad española. Pero, es ahora, cuando haciéndose explicito ese rechazo generalizado, se pone la vacuna para el futuro y se prohíbe jugar a la ambigüedad y a las dudas, y se hace fracasar de forma absoluta este llamado “proceso”, que era un fracaso, seguramente, desde que empezó.

El fracaso de esa declaración de independencia se basa en que quien la proclama, como decíamos el viernes, ni tiene imperium, ni potestas, ni auctoritas. La última explicitación de estas carencias la ha dado (vid. www.expansion.com) el comunicado conjunto de la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que han manifestado públicamente su compromiso con el cumplimiento de la Constitución y la legalidad vigente. Es bueno, pues, que se vea lo que es obvio: que el sistema financiero ni obedecerá a esa República, ni ésta podrá obligar a ese sistema a obedecerla.

Valentín Cortés