Miércoles 23 de Noviembre de 2016

El suplicatorio y el teatrillo de turno

La figura del suplicatorio es una clara manifestación del privilegio de los parlamentarios frente al resto de los ciudadanos: no se procederá penalmente contra ellos sin la autorización del Parlamento.

Quien lucha para que se deniegue el suplicatorio en su caso personal (me estoy refiriendo al Sr. Homs), no puede, al mismo tiempo, acusar a la Justicia de politizada. Porque, es posiblemente el único caso, admitido legalmente, en donde la Justicia está mediatizada por la Política. Si no se accede al suplicatorio, la politización es total, porque debiéndose intervenir no se interviene; si se accede al suplicatorio, la Justicia queda libre del control político (que es lo que el Sr. Homs ha dicho mil veces desear cuando ataca a la Justicia).

El Sr. Homs, estoy seguro, entiende esto que digo, pero como buen independentista está instalado no sólo en el fraude legal, sino en el mediático, por eso organizó el teatrillo de turno, esta vez, a las puertas de las Cortes: para protestar que la Justicia, en su caso, no estuviera controlada por la Política y para rechazar y vituperar que la Política lo abandonara a su suerte.

El fraude jurídico siempre conlleva sanción jurídica; en el fraude social, la sanción es el ridículo personal.

Valentín Cortés

 

 

 

Martes 22 de Noviembre de 2016

El pacto de los socialistas con el PNV en el País Vasco.

Por supuesto que no voy a entrar en las cuestiones políticas actuales y de futuro que encierra el pacto, que, siendo innumerables, exceden del contenido y fin de este blog.

Pero lo traigo hoy a colación porque hay en ese pacto algo que, desde el punto de vista jurídico, me deja tranquilo. Por lo que he leído en la prensa, en el pacto se establece que la reforma del Estatuto se hará respetando el ordenamiento jurídico.

Ello es contradictorio, con muchas de las cosas que recoge la prensa, pero fundamentalmente con el llamado derecho a decidir y con la utilización del término nación, mas allá de lo que establece la Constitución y tiene declarado el Tribunal Constitucional, pues la única nación, en nuestro ordenamiento jurídico, es la española, que es la única que puede decidir.

En cualquier caso, saltan a la vista las diferencias con el llamado “proceso” catalán, que está sumido teórica y prácticamente en la violación de la Constitución y del Ordenamiento jurídico en su conjunto. En ese sentido, digo que estoy tranquilo, aunque, tengo que decir, no confiado.

Valentín Cortés

 

Lunes 21 de Noviembre de 2016 

Las declaraciones oportunas del Presidente del Tribunal Supremo

He leído en www.elespañol.com unas manifestaciones del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que, creo, son importantes y van por el camino adecuado.

No sólo coincidimos (vid. mi entrada del pasado viernes) en los problemas de politización de la Justicia que provienen en parte del ejercicio de la acción penal popular por los partidos políticos y sindicatos( aunque caben las interpretaciones restrictivas de la norma y fianza que mencionábamos, que no aplican los jueces por lo general), sino que acierta al inclinarse por la instrucción en manos del Ministerio Fiscal, ( con el Juez de instrucción de garante de las libertades y derechos de las partes intervinientes en la instrucción) aunque, claro, no sé si ha mencionado, al menos no lo recoge el medio digital,  ello es imposible con un Fiscal General dependiente ( al menos, por su nombramiento), en más o menos grado, al  Poder ejecutivo.

En lo que se refiere al aforamiento, (otro de los temas tratados por el Sr. Lesmes) lo importante es delimitar las autoridades que deben tenerlo, pues la situación actual es inadmisible y huele a “nomenklatura”, máxime si se sigue manteniendo el “cupo político” de magistrados designados por los parlamentos regionales para los Tribunales Superiores de Justicia.

Pero, estimo que vamos por el buen camino.

Valentín Cortés

Viernes 18 de Noviembre de 2016

Tarea para el Ministerio de Justicia

He leído en www.europapress.es que el Tribunal Supremo ha admitido la personación del PSOE en el sumario abierto contra la Sra. Barberá y que le ha exigido una fianza de 3.000€ para hacer frente a los posibles perjuicios contra la querellada producidos por esa acción popular. La personación era incuestionable desde el punto de vista legal y la fianza se me antoja ridícula, dados los tiempos que vivimos.

Pero traigo la noticia a este blog porque, posiblemente, una de las reformas que debe afrontar el Ministerio de Justicia, y proponerlas al Parlamento, sea, de forma prioritaria y entre otras, la reforma de la acción popular penal, su ejercicio y efectos.

Porque es evidente que esta posibilidad legal se manifiesta como una vía eficaz de politización de la Justicia, que, según todos los observadores, es una de las lacras que actualmente tiene la Administración de Justicia, al menos, en sus asuntos más mediáticos. Mientras tanto llega la reforma, que por fuerza tiene que tener carácter restrictivo, yo animo a los Tribunales a aplicar la legislación, pero exigiendo fianzas más disuasorias y reparadoras, en su caso.

Valentín Cortés

 

Jueves 17 de Noviembre de 2016

Choque de trenes

He leído en www.europapress.es un resumen de una entrevista al Ministro de Justicia en Antena 3 en donde éste ha desvelado una conversación mantenida con el presidente de la Generalidad.

El Ministro se ha mostrado confiado en que, al final no habrá “choque de trenes”, metáfora que esconde la referencia a la aplicación del art. 155 de la Constitución.

Pero, al mismo tiempo, cuenta que el presidente de la Generalidad condena que el Gobierno español recurra las decisiones de las autoridades catalanas contrarias a la Constitución española, y no admite que se pueda comparar ese supuesto al posible recurso de la Generalidad contra las decisiones en contra de las leyes catalanas tomadas por cualquier ayuntamiento catalán, porque la legalidad catalana es legítima y la estatal no tiene esa legitimidad (¡).

Ustedes comprenderán: uno, que es imposible, desde el Estado de Derecho, negociar con quien mantiene tal postura; dos, que eso que llaman choque de trenes es absolutamente inevitable.

Valentín Cortés

 

 

Miércoles 15 de Noviembre de 2016

La respuesta del Poder Judicial

He leído en www.europapress.es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado su auto por el que iniciaba investigación judicial por la actuación de la Sra. Presidente del Parlamento catalán por desobediencia al Tribunal Constitucional.

Rechaza el Tribunal la argumentación política de la Sra. Presidenta que, al parecer, había alegado que ella no tenía competencias para restringir ningún debate de ideas en el Parlamento, por tanto, se quiere decir, cumplía con su obligación de Presidenta. El Tribunal le ha “recordado” que sólo la investiga por desobediencia.

Lo traigo a este blog porque hay que resaltar que la única manera que tiene la Jurisdicción de hablar y de manifestarse es a través de las resoluciones judiciales, y observamos con gran satisfacción que, en esta ocasión, no cae en la trampa de contestar a la campaña de calumnias que desde el poder autonómico se ha extendido a un sector de la sociedad catalana contra el Estado, encarnado en el Poder Judicial. Quizá eso demuestra también la supremacía del Estado en este llamado “proceso”, en el que el delito de desobediencia y el de prevaricación necesariamente tienen que ser perseguidos.

Valentín Cortés

 

 

Martes 15 de Noviembre de 2016

 ¿ Enseñanzas del brexit?

Los datos revelados hoy por www.thetimes.co.uk, relativos al “brexit”, y, en concreto, a la existencia de no menos de 500 proyectos en los que hay que trabajar, se supone y calcula que contratando a más de 30.000 nuevos funcionarios para ello, pone crudamente sobre la mesa la equivocación jurídica- política de dejar la decisión de permanencia o salida de la Unión Europea en manos del pueblo soberano a través de la vía del referéndum, y el acierto judicial de que esa decisión sea confirmada o no por el Parlamento británico ( vid. nuestra entrada en este blog del pasado día 3 de Noviembre), que, pienso, será más consciente de estos problemas que el noble pueblo británico.

Si los problemas económicos deben ser de gran calado (vid. www.expansion.com de hoy), no se olvide que la Unión ha conllevado hasta ahora una armonización jurídica muy importante, no siendo conscientes los europeos (entre los que incluyo a los británicos) de en qué porcentaje la que creen “su legislación” es más bien “legislación de la Unión”. No sé si, en esos 500 proyectos en los que hay que trabajar, se incluye el gran desenganche jurídico con la obra común jurídica de cuarenta años que hay que afrontar, si es que se quiere seguir la voluntad del pueblo soberano. Porque pudiera ocurrir que el desenganche fuera no ya difícil, que sí, sino improbable. 

 

Valentín Cortés