Jueves 3 de Marzo de 2016

Enfermedades raras y la Reina

He leído en www.infosalus.com que, en un acto público celebrado con  ocasión de la celebración del Día Mundial de las enfermedades raras (ER), la Reina ha hablado del desconcierto de los familiares por la descoordinación que existe en este campo de las enfermedades raras, pero también, afirmo yo, en el campo de las minusvalías raras, producidas por malformaciones genéticas, que van acompañadas de enfermedades no raras.

Soy muy sensible a este problema y sé de las dificultades de los padres, igual que sé de los esfuerzos del Sistema de salud pública, aunque también sé de las posibilidades que se tienen según el sitio o lugar de residencia. Eso es debido a muchas cosas, posiblemente también a la descoordinación  del sistema de salud pública, tal como ha puesto de manifiesto la Reina. También, sin duda se debe a que la salud pública está transferida a las Comunidades Autónomas, posiblemente, en diversos actos de estupidez e irresponsabilidad jurídicas, dado  que el art. 43 de la Constitución dice que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que los poderes públicos tienen el deber de organizar y tutelar la salud pública, y eso se consigue desde el Estado.

La Reina consorte no tiene ninguna función constitucional (art 58 de la Constitución, excepto en su caso lo dispuesto para la regencia); luego lo que ha dicho lo expresa como Doña Letizia Ortiz, pero está muy bien que lo diga, para estimular así en sus deberes a los poderes del Estado.

Valentín Cortés

Miércoles 2 de Marzo de 2016

 

La derogación de la LECrim

Ha dicho el Sr. Sánchez en la réplica al Sr. Rajoy que hay que derogar la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) que prevé la limitación del tiempo de las instrucciones penales, porque, he oído, esa reforma del PP está dirigida (¡) a favorecer a los corruptos del PP que están sometidos a investigación y encausamiento criminal.

Tengo que decir que esa limitación, introducida en la última reforma que se hizo de la LECrim, está presente en las legislaciones procesales europeas y obedece  a la idea de  racionalizar las instrucciones penales, a evitar las investigaciones universales y a someter a los investigados a un tiempo de instrucción que, actualmente, atenta claramente contra los principios constitucionales y el derecho a una justicia sin dilaciones indebidas e innecesarias (art. 24 de las Constitución). También debo decir que las cautelas que se han tomado por el legislador, así como las salvedades y  excepciones que se establecen, así como la discrecionalidad judicial que se establece, desmienten la finalidad que el Sr. Sánchez atribuye a la reforma de la LECrim.

Me atrevo a dar un consejo jurídico al Sr. Sánchez: mantenga lo hecho y dedíquese a pactar una nueva ley moderna, en la que la instrucción esté en manos de la Fiscalía; por tanto, aborde la reforma de la Fiscalía, su independencia y autonomía con relación al Gobierno y al Poder legislativo. Y potencie la inspección judicial del CGPJ para averiguar qué se hace, y qué no se hace, por los juzgados de instrucción en las instrucciones que se tramitan en este país.

Valentín Cortés

Martes 1 de Marzo de 2016 

¡Ya ha llegado la lectura jurídica del Sr. Homs!

 El pasado 17 de Febrero ya hice una entrada opinando sobre las palabras del Sr. Homs al hilo de la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno contra la creación de la Consejería de Exteriores de la Generalidad de Cataluña. Dijo entonces el Sr. Homs, en plan absolutamente conciliador, que, con el recurso, “deberá hacerse alguna lectura jurídica”.

Ya saben ustedes que mantengo que las autoridades de la Generalidad son maestras en el arte del fraude a la Ley, al que confunden con la “astucia”; ya lo dije ese día: “me temo que (se) irá por el camino de añadir más “astucia”, lo que es lo mismo, enrevesar el fraude, que seguirá siendo fraude”.

Hoy leo en toda la prensa digital que la Generalidad le ha cambiado el nombre a la Consejería de Asuntos Exteriores. Por cierto, un nombre realmente enrevesado y gramaticalmente imposible que no reproduzco. Es una solución a la par que astuta, claramente fraudulenta, pues la forma (en este caso, el cascarón) no obvia, en Derecho, al fondo, al espíritu, si queremos, a la causa o finalidad última que se persigue con las normas que se promulgan.

Valentín Cortés

Lunes 29 de Febrero de 2016

Un día antes de la sesión de investidura y todo parece seguir igual.

El 28 de Enero pasado tuve ocasión de escribir sobre el desastre de nuestro sistema de nombramiento, en investidura, tras las elecciones, del Presidente del Gobierno. ¡No me equivoqué! No sé lo que ocurrirá mañana o en los próximos días, por tanto no sé si el Sr. Sánchez será investido Presidente del Gobierno. Mucho me temo que ni él lo sabe.

 Este sistema, tras dos meses y 9 días desde las elecciones, ha servido para que se firme un pacto entre dos partidos, que juntos no pueden llevar al Sr. Sánchez a la Presidencia del Gobierno, y para que, tras el anuncio de hoy de éste de iniciar de nuevo negociaciones con Podemos y demás partidos de la extrema izquierda radical, se dediquen unos y otros a lanzarse advertencias, amenazas, órdagos y demás florituras verbales a través de conferencias de prensa, comunicados y manifestaciones públicas ( véase la prensa digital y un buen ejemplo en www.europapress.es)

Es, pues, el momento de plantearse seriamente el cambio de nuestra legislación para que no se vuelva a producir la posibilidad de un espectáculo tan inseguro e incierto que atenta contra los principios básicos de cualquier ordenamiento jurídico que se precie.

No me cansaré de clamar, aunque sea en el desierto de nuestra realidad política, por esta reforma legal.

Valentín Cortés

 

Viernes 26 de Febrero de 2016.

El estado del sin derecho

Como es obvio estoy utilizando una figura retórica para contraponer una situación al Estado de Derecho. Y me refiero a la noticia, que me he resistido hasta esta hora de la noche a opinar sobre ella, a pesar de que esta mañana estaba en todos los medios digitales. Pero frente al convencimiento que mi blog debe abarca muchos y diversos temas, me temo que no he sabido resistirme  hoy ante el  inagotable filón que proporciona la política de los dirigentes catalanes.

 El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado una norma de la Generalidad Catalana que prohibía, además de otras cosas, a los funcionarios catalanes a comunicarse entre sí en idioma distinto al catalán: se me ocurre, el chino mandarín o, quizá, el cooficial, según el Estatuto de Cataluña: el español.

Lo malo de esto es que hay un amplio sector de la política catalana que está inmersa en la insensibilidad jurídica que, me atrevería a decir, es propia del medievo. Pero, puesto que esa insensibilidad jurídica permite trasgredir la norma, sabiendo que se trasgrede, pero justificando la trasgresión por la finalidad que se pretende, se produce, pues, una subversión de los valores democráticos que conforman nuestra Constitución (pues la ley, expresión de la voluntad del pueblo, cede ante la voluntad del partido o partidos que gobiernan) para acercarnos y sumergirnos en el Estado totalitario. En definitiva, es la lucha de estos poderes de Cataluña contra el art. 1 de la Constitución, en todo su amplio contenido y sentido.

Valentín Cortés

Jueves 25 de Febrero de 2016

 Más sobre el pacto

Uno de los temas que más nos han preocupado en este blog ha sido el desafío independentista en Cataluña.

 En el pacto de legislatura de Ciudadanos con el PSOE se establece de manera inequívoca dos cosas que creo que son positivas: de una parte, ambos partidos se comprometen a rechazar cualquier tipo referendum que vaya destinado, directa o indirectamente, a conseguir la independencia de cualquier territorio nacional, porque ello sería desmembrar la soberanía nacional. De otra, se manifiesta de forma expresa  “el permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional”(www.europapress.es).

La importancia de este pacto es grande, en cuanto parece que dará la pauta de los tres grandes partidos (incluido el Partido Popular) para el futuro, llegue o no el pacto a buen puerto y haya o no gobierno del Sr. Sánchez  con Ciudadanos.

Valentín Cortés

Miércoles 24 de Febrero de 2016

El pacto

Lo más llamativo del pacto entre PSOE y Ciudadanos de ayer es que pretende llevar a cabo una reforma, por el procedimiento breve, de  la Constitución.

Tengo mis dudas, por ejemplo, que la modificación del sistema territorial, suprimiendo las Diputaciones, o la llamada despolitización de la Justicia, se puedan hacer por este procedimiento. Pero, aun así, no se podría hacer tal modificación de la Constitución sin el concurso del Partido Popular, dadas las mayorías de bloqueo con las que cuenta. Por tanto, veo que ese pacto, que se ha anunciado, no va a servir, en principio, para nada, o al menos, para lo que se dice que se ha alcanzado.

De otra parte, no he tenido, ni espero que por ahora la tenga, oportunidad de leer el contenido concreto de los pactos, en concreto del que se refiere a la despolitización de la Justicia. Porque para alcanzar este fin, no sólo basta con modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, sino que hay modificar, entre otras cosas, las funciones de la Fiscalía en nuestro sistema procesal, las del Juez de Instrucción, los limites y excepciones a la acción popular, y los sistemas procesales penal y civil en su esencias, amén de desvincular a la Fiscalía del poder ejecutivo y del poder legislativo. ¿Llegan a tanto los políticos concordantes? Me temo que ni siquiera lo han pensado. Y si por ventura hubieran llegado, ¿cómo lo harán sin el Partido Popular y sus votantes?

Valentín Cortés