Jueves 10 de Diciembre de 2015

Los partidos y la Justicia (III)

El programa del Partido Socialista Obrero Español (www.psoe.es) es sorpresivamente de una gran inconcreción, basado en afirmaciones  muy generales y el deseo de contrarreforma mediante derogaciones legales (la más llamativa, para mí, ¡que se quiera recuperar el principio de justicia universal!, tan criticada en este blog). Es un dato, por ejemplo, su intención de mejorar en materia de violencia de género, desahucios, relaciones familiares, planta judicial, acceso a la carrera judicial,etc, pero sin que se ofrezca una medida concreta, no existente en la actualidad, que tienda a esos loables fines.

Sí hay propuestas concretas, y viables, en materia de delitos fiscales (aumentar las penas), en materia de tasas judiciales (dejarlas sólo para las grandes empresas) o en lo relativo a la oficina judicial con servicios comunes más generalizados.

 Mas trascendente en la propuesta de modificación del proceso penal en el sentido de entregar la instrucción  e investigación al Ministerio Fiscal, que ha sido pedida por la mayoría de la doctrina procesal, pero que requiere una transformación radical del Ministerio Fiscal, desconectándolo del poder ejecutivo, y dotándolo de medios. Sólo se podría llevar a cabo con un gran consenso político, pues posiblemente requeriría la modificación del art 124 de la Constitución.

Valentín Cortés

Miércoles 9 de Diciembre de 2015

Los partidos y la Justicia (II)

Ciudadanos ( www.ciudadanos-cs.org) presenta un amplio programa en materia de Justicia. Para nosotros lo más importante es que tiene una idea global (aunque pueda no ser compartida) sobre la justicia e instrucción penales y  el Gobierno de los Jueces.

En lo que se refiere al Gobierno de los Jueces se pretende eliminar al Consejo General del Poder Judicial y sustituirlo por un Presidente (el del Tribunal Supremo) y dos adjuntos nombrados, el primero por mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados por el Congreso de los Diputados, sin vinculación alguna con los partidos políticos

En materia procesal, (además de proponer en alguna cuestión reformas que ya son ley, p.ej. procesos telemáticos) destacan  medidas tendentes a la independencia judicial, como son que los parlamentos autonómicos no nombren magistrados, que se eviten las llamadas puertas giratorias, perpetuar la jurisdicción de los tribunales cuando los aforados dejen de serlo, y un largo etc. Es también destacable el cambio en el nombramiento del Fiscal General, que lo sería por el Congreso de los Diputados.

Quiero destacar que muchas de estas medidas afectan a la Constitución, a todos los estatutos de autonomía y a leyes Orgánicas, de donde se infiere que necesariamente deben contar con la aprobación cualificada del Parlamento, de los Parlamentos autonómicos y del pueblo español en  referéndum.

Bajo mi punto de vista, dadas las encuestas que se manejan, no es, en su conjunto, un programa realizable, a no ser con el concurso del Partido Popular.

Valentin Cortes

 

 

Lunes 7 de Diciembre de 2015

 

Los Partidos y la Justicia (I).

 

Como esta semana es corta (mañana es fiesta) he pensado dedicar los cuatro días, que tenemos activos en las entradas de este blog, a comentar los programas de los partidos que se suponen serán los cuatros primeros en las próximas elecciones generales del 20 de Diciembre.

Podemos

He entrado en www.podemos.info.es y leído el Programa; puede el lector detenerse en las propuestas 201-208, ambas inclusive, que son las dedicadas a la Justicia. Es francamente llamativa la pobreza y falta de alcance de las propuestas; así: remunerar a los letrados de oficio como se hacía en 2012; dotar un sistema de resolución extrajudicial de conflictos; que una de cada tres plazas de magistrados en los Tribunales Superiores este cubierta por un jurista de prestigio( ¡diez años de ejercicio de la profesión!); el personal judicial prestará apoyo a las demandas colectivas; dignidad de los centro de detención( calabozos  municipales y policiales); especialización de los letrados del turno de oficio para la defensa de los emigrantes; y habilitación de puntos de información de orientación jurídica.

Eso es todo.

Valentín Cortés

Viernes 4 de Diciembre de 2015

 

El siempre difícil tránsito de la Justicia a la política.

En la política se está tan acostumbrado a decir barbaridades de los contrarios, sin que ocurra nada, que una señora, hasta ayer jueza de Las Palmas, y que ahora, tras la excedencia, se presenta al Congreso por Podemos, antes siquiera de que empezara la campaña electoral, ha proclamado a los cuatro vientos que el Ministro Sr. Soria, también candidato al Congreso por Las Palmas, utiliza la Fiscalía contra ella para atacarla, por el hecho de que la Fiscalía investiga actuaciones de esta señora cuando ejerció como juez. No sé si era una buena jueza, pero capacidad de aprender tiene: porque es incuestionable que ha aprendido las malas prácticas políticas en poquísimo tiempo.

 Dice www.estrelladigital.es que el Ministro ha interpuesto una querella criminal contra ella por calumnias, porque le atribuye a él la comisión de  delito de obstrucción a la justicia, delito electoral y contra los derechos individuales.

Lo más llamativo de todo esto es constatar cómo alguien, que ha sido juez hasta ayer, empieza su carrera política calumniando a un contrincante electoral ( práctica nada compaginable con la judicatura), a no ser, claro, que lo que proclamó fuera verdad. ¡Pero, sinceramente, no parece probable que el Ministerio Fiscal se preste a esas chapuzas medio jurídicas, medio políticas!

Valentín Cortés

 

Jueves 3 de Diciembre de 2015

El bucle cerrado 

El problema catalán casi nos obliga a escribir  y a  ocuparnos todos los días de lo que dicen o hacen estas autoridades.

Están en plena rebelión y sedición, pero ante la respuesta del Estado de Derecho, su reacción siempre es la misma, como muy estudiada y protocolizada y, sobretodo, falsamente civilizada: primero, sorpresa porque el Estado se empeña en la solución jurídica; después, deslegitimación de los órganos del Estado que aplicarán la Ley (da igual que sea el Tribunal Constitucional, que los sea el Ministro de Hacienda); mas tarde, cuando les viene mal y se encuentran con una decisión desfavorable, desprecio del Derecho que contraponen al único valor que les sirve, a la Política y a eso que llaman voluntad democrática.

Pudiera ser que no son conscientes de que no existe posibilidad de Política fuera de la Ley, el orden constitucional y el Derecho. Algo de eso les ha dicho el Tribunal Constitucional, pero, claro, no olvidemos que para ellos es sorpresivo que alguien acuda a un órgano deslegitimado que aplica un  derecho despreciable. Y siguen en el bucle; en el malo: en el cerrado. Hasta que lo comprendan.

Valentín Cortés

Miércoles 2 de Diciembre de 2015

La sentencia del Tribunal Constitucional

Conviene decir que las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, en recursos de inconstitucionalidad, en cuanto no se limitan a la estimación subjetiva de un derecho, producen los efectos de cosa juzgada y “tienen plenos efectos frente a todos” (art.164 Constitución). En definitiva, esas sentencias tienen efectos constitutivos, porque, en el caso que nos ocupa, extinguen una situación: la producida por la resolución vinculante del Parlamento catalán, que ya no existe y, en consecuencia, no puede ser base ni amparo de nada.

Por consiguiente, esa sentencia vincula también a todo el Parlamento y al Gobierno catalán. A partir de ahora, la aplicación de sanciones personales como la suspensión de funciones , inhabilitación o multas por desobediencia, y la apertura de causas penales por delitos como rebelión, usurpación de funciones públicas, desobediencia, prevaricación y un largo etc., sólo depende de que no se acate la sentencia.

Igualmente, no debe olvidarse que esta sentencia, si es desobedecida o ignorada, conforma por sí sola, sin duda alguna, el supuesto contemplado en el art. 155 de la Constitución.

Decir, como ha dicho la Generalidad, que la sentencia no le quita el efecto político a la resolución, hoy declarada nula, es tanto como llamar Política a la nada.

Valentín Cortés

 

Martes 1 de Diciembre de 2015

La Generalidad de Cataluña acude a la Jurisdicción del Estado

He leído en www.expansion.com que la Generalidad de Cataluña impugnará ante el Tribunal Supremo las condiciones que ha impuesto el Ministerio de Hacienda a la Generalidad para poder disponer del fondo de liquidez autonómico aprobado por el Gobierno de la Nación para Cataluña. Se tachan de discriminatorias para el Gobierno de Cataluña.

Es agradable comprobar que no es fácil prescindir, a pesar de lo manifestado por las autoridades catalanas, de las estructuras y poderes del Estado. De modo que si a la Generalidad le parecen discriminatorias las medidas del Ministerio de Hacienda, y quiere acabar con ellas, tiene que acudir a la Jurisdicción del Estado. Y eso hace.

 Y es agradable comprobar, igualmente, que va a apelar a la Constitución (art. 14, principio de igualdad en situaciones similares) para defender sus intereses.

Es evidente que los servicios jurídicos de la Generalidad conocen el RDL 21/2012 de 13 de Julio, de medidas de liquidez de las administraciones públicas y en el ámbito financiero; y seguro que tiene presentes los arts. 6 (“revisión de información sobre el plan de ajuste”) y el 7 (“seguimiento de los planes de ajustes”); y, sin duda, no olvidan el art. 4 (“condiciones financieras”) que dibujan, precisamente, no la relación entre dos Estados, sino la relación  del Estado y una Comunidad Autónoma que, en palabras muy de moda hoy día, está intervenida y debe acudir al Estado para financiarse.

Quizá el problema esté en la ensoñación, y no en la discriminación.

Valentín Cortés