Martes 15 de Septiembre de 2015

 

El relativismo, ¿ha llegado al Tribunal Supremo?

 

El Tribunal Supremo ha archivado (lo leo en www,elmundo.es) una querella presentada por la Asociación Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional contra el diputado de Izquierda Unida, Sr. Garzón, por haber proferido  éste, en un mitin en Valladolid durante la campaña en las elecciones municipales, que el gobierno mandaba a la Guardia civil a asesinar inmigrantes en la valla de Melilla.

Dice el ponente, al que en otra ocasión  he alabado, que esas palabras son innecesariamente duras y que la Guardia Civil, en cuanto ejerce actividad pública “debe asumir que está sometida a un  más riguroso control mediante la crítica”, que un particular.

Cuesta creer que este sea el razonamiento de un Magistrado del Tribunal Supremo para resolver que lo que dijo el Sr. Garzón cae dentro del derecho a la libre expresión. Pienso que, una de dos: o el Magistrado no entendió bien el tema que se le daba a enjuiciar ( difícil dado la categoría del magistrado); o el Tribunal Supremo( que asume la tesis del ponente) ha entrado en el relativismo más exacerbado y, siendo así, creo que, en cuanto servidor público, “debe asumir que está sometido a un más riguroso control de la crítica”, que, de seguir por ese camino relativista, le llegará necesariamente en forma de palabras y expresiones “innecesariamente duras” y no respetuosas como esta. Al tiempo.

Valentín Cortés

 

 

 

 

Lunes 14 de Septiembre de 2015

 

El Fondo Social de Viviendas

 

La prensa digital de hoy no presta atención, aunque no me extraño,(en cualquier caso, se puede leer en www.expansion.com) a una noticia ciertamente importante: hoy se firma entre el Gobierno y la Banca un convenio para ampliar casi en un 50%  el Fondo Social de Viviendas, que se creó, en plena crisis económica e hipotecaria, para posibilitar la vivienda, en régimen de bajo alquiler, a los que estuvieran en situación de vulnerabilidad y exclusión social y que hubieran  perdido su vivienda por ejecución hipotecaria. Es este un conjunto de supuestos que están regulados especialmente por la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, y que tuvo sus antecedentes en el RDL 8/2011 y RDL 6/2012. Ese fondo ya tiene más de 9.000 viviendas.

Traigo esta información, y la comento, porque me parece que esta es la vía de arreglar un gravísimo problema económico y social sin arrasar el ordenamiento jurídico y el mercado; lo hemos defendido en otras ocasiones, cuando hemos criticado la promulgación de leyes autonómicas que,  con gran carga demagógica, van por el camino de “señalar” a la banca como “perversa”, regulando la expropiación a las entidades financieras de viviendas desocupadas.

 Es un dato importante, que delimita el problema,  saber que de ese fondo de 9.000 viviendas, sólo están alquiladas un tercio.

Valentín Cortés

 

Viernes 11 de Septiembre de 2015

 

La recusación de dos magistrados en el asunto Gürtel

 

Cuando los jueces observaban una escrupulosa separación de la vida política, pública y hasta empresarial, las recusaciones o abstenciones eran muy raras y se definían normalmente por afinidades o desencuentros familiares o amicales (los parientes, la amistad o enemistad manifiesta, etc.).

Hoy, los jueces “pontifican” en los medios públicos sobre cualquier acontecimiento que se produzca, intervienen en política para después volver a la Justicia o siendo políticos se guarecen después en la judicatura. Hay una extrapolación evidente del pensamiento y de la acción de los jueces que no dudan en participar en ciclos, conferencias, mesas de trabajo sobre temas, naturalmente jurídicos, pero con connotaciones políticas y sociales, cobrando legítimamente por ello.

Toda esa imbricación del juez con la sociedad, lo hace vulnerable en su imparcialidad, al menos ante la sociedad que hoy entiende esas vinculaciones como una clara perdida de la objetividad que se le exige tener, al menos, en apariencia.

Por eso, esos jueces deberían ser muy propicios, aun a pesar de su sentimiento de objetividad, a practicar la abstención, porque no es el juez quien se tiene que sentir imparcial y objetivo, que también, sino la sociedad quien debe tener la certeza de que la Justicia es, como la dama de la balanza, ciega y equilibrada.

Al menos hasta que el legislador se decida, de una vez por todas, a regular adecuadamente las incompatibilidades de los jueces y magistrados para ser tales y para ejercitar sus funciones.

Valentín Cortes

Jueves 10 de Septiembre de 2015

 

El debate sobre la “nación”

 

Cuando se habla de una tercera vía para la solución del problema catalán (independencia vs independencia-no) y se introduce en el debate, como clave, el concepto de nación, este término no puede tener el significado que queramos darle, como mantenía heterodoxamente en su momento el Sr. Zapatero.

El término nación, constitucionalmente hablando, pues en ese marco nos movemos cuando hablamos de independencia de Cataluña, no es otra cosa que el “centro de imputación subjetiva” (Alessi) de la soberanía de este Estado que llamamos España; por eso el Preámbulo de la Constitución empieza diciendo: “La nación española, deseando establecer la Justicia, la libertad y seguridad…”; y por eso se habla de “soberanía nacional” en el art. 1.2 de la Constitución, que reside en el pueblo español. De esta manera, constitucionalmente hablando, no existe más nación que la española, lo que quiere decir, ni más ni menos, que la soberanía reside en ella.

Pues bien, en este contexto ¿ cuál es la tercera vía?; pues no puede ser más que derogar la Constitución y hacer una distinta, nueva, en donde existan soberanías compartidas o coincidentes. Y, si es así, ¿por qué no lo dicen y dejan de usar conceptos que son unívocos como si fueran equívocos?

Pero, comprendo que es mucho pedir.

Valentín Cortés

Miércoles 9 de Septiembre de 2015

 

El art. 155 de la Constitución y la disolución de las Cortes

Hoy he leído en www.larazon.es lo que ya había leído anteriormente en otros medios de prensa escrita digital; en resumen, que el art. 155 de la Constitución no se puede aplicar con  las Cortes disueltas por la convocatoria de las elecciones, pues se exige la aprobación de la mayoría absoluta del Senado; de esta manera la “astucia” del Sr. Mas sería patente al hacer coincidir su apuesta fraudulenta con esa situación del Parlamento.

Yo, que no soy un especialista en Derecho Constitucional, pero sí jurista, me resisto a hacer de una norma ( en este caso constitucional) una interpretación tan poco sistemática que casi ofende a la inteligencia jurídica. Esa interpretación se olvida de otras normas de la Constitución como los arts. 78, que establece las Diputaciones Permanentes, y 88 y 116, que forman un cuerpo indivisible que permite cambiar la palabra Senado del art. 155 por la de Diputación permanente del Senado.

Cabe decir, además, que no cabe hacer interpretaciones de la Constitución que ayuden a su fractura y muerte; esas serían interpretaciones de leguleyo, pero de leguleyo interesado.

Valentín Cortés

Martes 8 de Septiembre de 2015

 

La inauguración del año judicial

Hoy en la inauguración del año judicial se tendría una buena ocasión para que el Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General del Estado explicaran al Rey, en cuyo nombre se administra Justicia (art 117,1 Constitución), la causa o causas de que todavía sigan sin cumplirse un gran número de sentencias de los Tribunales (incluido el Tribunal Constitucional), que imponen mandatos a la Comunidad autónoma de Cataluña, y explicárselo a pesar de que el art.  118 de la Constitución dice expresamente que es “obligado cumplir la sentencias y demás resoluciones de los jueces y Tribunales”. No parece ser, tal como decíamos ayer, que la Jurisdicción y el Poder Judicial estén muy finos en desarrollar las funciones que le corresponden en el Estado de Derecho.

Por eso, aunque no sea necesario (porque incumplir una sentencia por un funcionario o autoridad es cuando menos prevaricación) me parece oportunísima la modificación de la legislación actual para prever,como sanción al incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, la separación del cargo o función de la autoridad que lo hiciere.

¡Claro que yo soy jurista y no político, ni siquiera de la oposición!

Valentín Cortés

Lunes 7 de Septiembre de 2015

Un nuevo curso

Hoy, tal como estaba prometido, inicio un nuevo curso de mis opiniones jurídicas.  En mi última entrada hablaba de Varufakis, que, esa es la vida, ha pasado al olvido en su país, en Europa y en la crisis que se nos avecinaba y que ya no es la misma. ¡Sólo han pasado dos meses!

Pero seguimos con el Sr. Mas y su inmenso y continuado fraude a la Ley y a la Constitución. En esta crisis, tan trascendental para nuestra sociedad, que es política ( ¡ por supuesto!), pero que no tiene mas solución que la jurídica, es muy importante que todos los poderes del Estado cumplan con su función, que para eso están creados. Y me temo que la Justicia ( es decir, la Jurisdicción) no está a la altura de las circunstancias, porque ¿ cuanto tiempo hace que el Sr. Mas es investigado y no se le ha tomado declaración?  He oído, en alguna tertulia veraniega, a algún juez importante quejarse de que les "ha tocado arreglar lo que los políticos no han sabido hacer", que es tanto como quejarse de su propia profesión cuando vienen problemas y responsabilidades, porque para resolver si un ladronzuelo tiene que ir a prisión no se quejan de arreglar lo que la escuela no ha sabido componer.

Y la solución jurídica pasa por la Constitución y su interpretación adecuada al fin inmanente de cualquiera de ellas: su permanencia y acatamiento. ¡Tan fácil, pero, al parecer, tan engorroso!.

Valentín Cortés