Jueves 15 de Enero de 2014

La demanda de reconocimiento de paternidad dirigida contra el rey Juan Carlos.

Los medios de comunicación se han hecho eco de que el Tribunal Supremo (Sala Primera)(tribunal competente por aforamiento) ha admitido a trámite una demanda de reconocimiento de paternidad del Rey, y no lo ha hecho en relación con la presentada por otra persona.

Como la prensa está normalmente alejada del conocimiento del Derecho, aunque lo usa todos los días, quiero decir dos cosas:

-Que se haya admitido en un caso, y en otro no,  ha dependido de que se ha cumplido, o no,  el mandato del art. 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que  no se admitirá la demanda a trámite (por tanto, no habrá proceso) sin  con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde. Ese principio suele consistir en fotografías, cartas, manifestaciones anteriores, etc. que revelan, ordinariamente, un status de padre frente a la persona que demanda el reconocimiento de su filiación.

-Este proceso, con casi toda seguridad, se tramitará con exclusión de la publicidad, no porque se le quiera hacer un favor al Rey Juan Carlos, sino porque entra de lleno en lo que permite el art. 754 Ley de Enjuiciamiento Civil. Por tanto, si  se celebra a puerta cerrada y las actuaciones son reservadas no será válido, ni jurídico, rasgarse la vestiduras.

Valentín Cortés

Miércoles 14 de Enero de 2015

 

Leo en www.europapress.es que la Sra. Romero, la famosa enferma del ébola, felizmente curada, ha reconocido que mintió en relación con la consulta que pasó con la médico de familia y que, en consecuencia, nunca le dijo que había estado en contacto con los enfermos religiosos de la Orden de San Juan de Dios.

La noticia, desde mi punto de vista, que es el jurídico, no es que mintiera, que prácticamente todo el mundo daba por descontado, sino que lo haya reconocido. Tengo, pues, que cambiar mi opinión, mantenida desde siempre, ahora veo que sin fundamento absoluto, de que los actos de conciliación previos a la interposición de las querellas por injurias o calumnias no servían para nada. En este caso ha servido: para evitar una querella y una condena, para restablecer el buen nombre de una médico y para que se constate que una cosa es estar enfermo y otra no ser responsable de la propia enfermedad, que, me temo mucho, también se reconocerá al final, porque una cosa es la verdad periodística (interesada, partidista y sectaria) y otra cosa es probarla en un proceso judicial.

Valentín Cortés

 

Martes 13 de Enero de 2015

Un gran acierto de la Sala segunda del Tribunal Supremo

No sabemos, yo al menos, los argumentos que ha manejado el Tribunal Supremo para no aplicar la Decisión Marco de la Unión Europea 675/ 2008, en el sentido que lo había hecho la Audiencia Nacional. Pero, la resolución del Tribunal Supremo, según se puede deducir de la noticia que leemos en la prensa digital, lo que significa, o tiene que significar, es que esa Decisión Marco, en el caso concreto estudiado, no servirá para descontar, del tiempo máximo de cumplimiento de condena fijado por la Ley española (Código Penal, art. 76), las penas que el terrorista haya podido cumplir en un país de la Unión (en el caso concreto, en Francia, siempre por otros delitos cometidos allí, difícilmente conexos con los cometidos y penados aquí).

Con esta información tan escasa, a mí me parece una resolución acertada porque, primero, la Decisión Marco necesita de ley interna para adaptarla( que no había entrado en vigor cuando se tomó la decisión por la Audiencia Nacional) y, segundo, porque la tesis de la Audiencia  suponía, según mi criterio, una extralimitación interpretativa que chocaba claramente con el citado art. 76, en su conjunto. Ya veremos los argumentos del Tribunal Supremo, y los comentaremos.

Valentín Cortés

Lunes 12 de Enero de 2015

 

La justificación por ejercitar un derecho constitucional

En la prensa digital de esta mañana se recoge la noticia de que el Sr. Don Oriol Puyol, que ha sido citado para declarar ante el Juez, se ha negado a hacerlo. La semana pasada supimos que el llamado “pequeño Nicolás” también se negó a declarar, y no es extraño que todos los días alguien importante en el mundo de los imputados se niegue a declarar.

Todo el mundo sabe (¡gran cultura jurídico-procesal la de este país!) que la Constitución recoge el derecho a no declarar contra sí mismo a todas las personas. El art. 24.2 de la Constitución nos dice que este derecho lo tenemos “todos”.

Curiosamente todos estos “famosos”, que se niegan a declarar, caen en la tentación de dar una justificación. El “pequeño Nicolás” dijo el otro día que no declaraba porque el sumario estaba parcialmente secreto y hoy el Sr. Puyol ha dicho que ya ha declarado en otros tribunales.

Yo creo que no hay que justificar la razón por la que ejercitamos un derecho constitucional, y, por supuesto, no es exigible esa justificación. Quien la da, curiosamente, da la impresión de que entiende el ejercicio del derecho constitucional como una excusa. Y eso nunca es bueno.

Valentín Cortés

Viernes 9 de Enero de 2015

El auto del Juez Castro.

He leído el auto de fecha de hoy, firmado por el Juez Castro, por el que no admite a trámite el recurso de apelación presentado por Doña Cristina de Borbón contra el auto de apertura del juicio oral. Está en distintos medios digitales, pero yo lo he leído en www.elmundo.es (En lo que se refiere a esta “opinión” me estoy refiriendo al fundamento tercero del auto).

Traigo esta noticia a esta sede, no por la decisión que toma el Juez, pues basta leer el art. 783.3 Ley de Enjuiciamiento Criminal (“Contra el auto que acuerde la apertura del juicio oral no se dará recurso alguno, excepto en lo relativo a la situación personal…”, que no es el caso),para concluir que es la legal, sino por el tono de confrontación personal del juez con la defensa de la Sra. Borbón, que, en una situación normal de la Justicia, jamás  debería producirse, a pesar de lo que haya podido manifestar la parte, pues el juez no está para contestar, personalizando y centrando el debate, sino para argumentar su resolución, que hubiera quedado fundamentada en dos líneas.

Comprendo que quizá sea pedir demasiado al lector, pero convendría que se leyera el fundamento jurídico tercero de ese auto para que tuviera claro lo que, a mi juicio,  es un muy inadecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

Valentín Cortés

 

Jueves 8 de Enero de 2015

El pensamiento de la posible nueva Fiscal General del Estado.

En el examen previo al nombramiento que le ha hecho el Congreso, la Sra. Madrigal ha dicho dos cosas bastantes sensatas.(www.abc.es).

La una, que se opondrá como Fiscal General a la incoación de macro-causas, que actualmente son posibles por el  carácter expansivo y mediático que tienen ciertas instrucciones en la Audiencia Nacional, por jueces que convierten,ilegalmente,determinadas causas en investigaciones universales del imputado (vid. casos Bárcenas, Blesa,etc).

La otra, que está en desacuerdo con las conformidades en los procesos por corrupción. Las conformidades (arts. 688 y siguientes Ley de Enjuiciamiento Criminal) son buenas en el sentido que las contempla la ley (un acuerdo del acusado con las calificaciones del acusador), y no tan buenas cuando se cae en la corruptela que nadie comprende: el compadreo entre Fiscal y acusados, en el que el Fiscal rebaja la calificación y la pena para acabar con el imputado como condenado. Eso, muy foráneo, no es el derecho español. Si es aquello lo que dice la aspirante a Fiscal general, estoy de acuerdo con ella.

Valentín Cortés